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23 sept. 2010

DECLARACIÓN DE PRENSA DE LA COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL CASO DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE POR 72 DIAS Y EN RIESGO VITAL.


Con fecha de hoy,  21 de septiembre de 2010, el Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, abogado GONZALO TABORGA MOLINA hizo entrega de la carta que personalidades chilenas dirigen al Secretario General de la ONU, Exmo. Señor BAN KI-MOON, a través de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización, en Ginebra, donde sesiona el Consejo de Derechos Humanos.

En ella se solicita la creación de una Comisión Ad Hoc que visite Chile e inste a las autoridades  nacionales y pueblo chileno a respetar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en especial del Convenio 169 de la OIT, a fin de que la Mesa de Trabajo que se cree al respecto de la situación del pueblo mapuche sea permanente y de acuerdo a una integración consecuente con las normas internacionales, contribuyendo al encuentro de vías de solución que lleven a deponer la decisión de los huelguistas de hambre. 

Se adjunta Cartas



Santiago, 18 de septiembre de 2010


Exmo. Señor
Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas
Sede de las Naciones Unidas
Nueva York
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De nuestra más alta consideración,
Saludamos cordialmente al señor Secretario General de la ONU y le expresamos, en primer término, nuestros deseos de éxito en su alta responsabilidad.
Quienes suscriben la presente nota, premios nacionales, representantes de organizaciones, partidos  y movimientos políticos y de derechos humanos chilenos, que respetan los propósitos que inspiran las Naciones Unidas y el ejercicio de su Alto Cargo,  se dirigen a usted para pedir que realice una acción personal ante el gobierno de Chile que ponga término a la huelga de hambre de 34 comuneros mapuches que dura 72 días y que se encuentran en fase de alto riesgo vital.  Esta huelga la hacen porque estiman con justa razón, que su pueblo mapuche está siendo llevado a su desaparición paulatina por el Estado chileno sin que sus reclamos por ello hayan sido escuchadas por la sociedad y el Estado chilenos en su historia.
Reclaman por ser discriminados como indígenas y usurpadas sus tierras desde la conquista española, la colonia y la República independiente, la que, en los 200 años de vida independiente, con la excepción de los primeros presidentes, no han brindado el reconocimiento por la posesión de títulos políticos y jurídicos suscritos con la corona española que afirman su dominio sobre ellas. La férrea voluntad de recuperar las tierras usurpadas proviene del hecho que su cultura depende del arraigo a ella –mapuche significa precisamente “Hombres de la Tierra”.
La huelga de hambre de los 34 defensores de derechos humanos mapuches encarcelados reclama hoy diversas y justas reivindicaciones, como las siguientes:
a)    recuperación de sus tierras, fundamento de su identidad cultural originaria y autodeterminación en los asuntos propios de su cultura.
b)    respeto de sus derechos y libertades civiles y políticas amenazadas por reiteradas y sistemáticas violaciones de agentes y políticas públicas del Estado;
c)    respeto a sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente, del derecho a un medio ambiente sano.
d)    Derecho a la alteridad, que implica ser respetado como pueblo con lengua, costumbres y culturas propias, elementos indispensables de dignidad humana de la diversidad que representan los pueblos originarios.
e)    No aplicación de la ley antiterrorista de la dictadura militar, por antidemocrática;
f)    Respeto al estado de derecho, laico, republicano y democrático, y al debido proceso, profundamente infringido en los procesos que se les siguen;
g)    Término del aberrante doble juzgamiento por la justicia civil y la militar por unos mismos hechos;
h)    Desmilitarización territorial de sus comunidades;
i)    Desjudicialización de las reivindicaciones sociales y culturales por as condiciones de extrema pobreza, falta de oportunidades laborales, de acceso a la educación bilingüe y de la difusión, uso y desarrollo de la lengua y costumbres.
La ONU y los Relatores de Pueblos Originarios han presentado numerosas observaciones y recomendaciones por estas mismas anomalías del estado de derecho chileno, las que siguen pendientes.
Consta, ante ONG especializadas, así como a los suscritos, que las manifestaciones realizadas por mapuche son pacíficas, en el sentido que no generan hechos de sangre, aunque en ocasiones causen daños en la propiedad ajena. Quién comete los hechos de sangre conocidos y documentados, son los agentes del Estado, mismos que aplican represión en presencia de fiscales en la región de la Araucanía o que ocasionan daños en propiedades de las comunidades y que ejercen tratos crueles, inhumanos y degradantes a sus moradores, así como asesinatos con disparos de balas por la espalda a personas adultas y a menores mapuche que la justicia militar castiga benévolamente o mantienen impunes al servicios del Estado. El único estado de terror conocido por la población es el que afecta a los mapuche, aunque los medios presenten a ellos como tales.
Este contexto lesiona al pueblo mapuche, y es el Estado el que crea las condiciones, al exacerbar los hechos que investiga o al incriminar mediante montajes procesales que incluye la “carga” con especies incriminadotas de delitos comunes de las moradas de sospechosos que se las allana y descerraja sin orden judicial. Esos juicios luego se sostienen con testimonios de personas cuya identidad desconocida incluso para la defensa, que actúan encapuchadas y recibiendo remuneración. La corrupción de valores democráticos es así evidente, la que llega hasta la intimidación y amenazas de abogados defensores y a la obstaculización del acceso a expedientes judiciales.
En la región de la Araucanía existen condiciones más propias de un estado de excepción de facto que de derecho, porque están prácticamente suspendidas las garantías individuales y sin que exista responsable institucional que responda por las consecuencias del control militarizado de la policía sobre la población civil, ya expuestas. La prensa contribuye a este clima represivo entregando informaciones parciales y sesgadas, sin oportunidad de replicarlas.
Sin embargo, gracias a la huelga de hambre prolongada de estos 34 defensores de los derechos humanos mapuche, se han sumado a ella 4 diputados de la República, sacerdotes católicos y otros religiosos, dirigentes sindicales, de derechos humanos y organismos no gubernamentales, amén de otros presos y comuneros mapuche de todas las regiones del país y se ha logrado vencer el silencio oficial sobre este drama, instalándose este tema incluso en la TV abierta. Se le considera hoy como el más crucial de los dramas de la comunidad chilena, equiparable en su urgencia, mas no en su trascendencia social, al de los mineros atrapados en las profundidades de la tierra, en el otro extremo del territorio.
En este contexto, el Presidente de la República ha anunciado la creación de una mesa de diálogo y se apronta a repetirlo en la Asamblea de la ONU el día 26 próximo, para demostrar que el problema se encuentra solucionado. Hacemos presente al señor Secretario General que cualquiera sea la declaración propuesta, ella agrava la situación porque crea confusión al no contraerse un compromiso público e internacional de realizar las consultas del Convenio 169 de la OIT a los indígenas afectados con las medidas adoptadas, inclusive sobre la mesa. El gobierno y el parlamento ya han votado modificaciones a la ley antiterroristas y de la justicia militar sin cumplir con ese Convenio.
Estimamos que al Estado le bastaría con retirar las actuales querellas sin perjuicio de proseguir las responsabilidades que correspondan ante la justicia ordinaria, para terminar con la huelga de hambre y comenzar el cumplimiento del procedimiento del Convenio 169 de la OIT.
Por tanto y en este contexto, solicitamos al señor Secretario General que, por sí o por medio de una Comisión Ad Hoc se constituya en Misión Humanitaria en Chile que realice las gestiones pertinentes ante el Presidente de la República, el Congreso Nacional y el pueblo de Chile, para que se respeten los acuerdos de la Asamblea de la ONU, del Convenio 169 de la OIT y de los Tratados Internacionales de Protección de los Pueblos Originarios suscritos por Chile, constituyendo una Mesa de Diálogo Permanente con dirigentes elegidos libre y democráticamente por el pueblo mapuche, incluidos los presos políticos mapuches, sin derecho de veto por la autoridad y verifique la voluntad del gobierno y pueblo de cumplir con la transparencia y el acceso a la información publica para la implementación de las normas internacionales de las que usted, señor Secretario General, es nuestro principal garante.
Entrega esta carta el Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, organismo no gubernamental fundado bajo los auspicios y la protección del Secretario General de la ONU, Kurt Waldheim, en 1978, en plena dictadura militar, para que la haga llegar a Usted desde Ginebra a través de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, a donde se dirige con el propósito de aunar voluntades internacionales entorno de la solución expuesta.
Expresamos al señor Secretario General  de la ONU la más alta consideración por el ejercicio que ha hecho de su mandato y el agradecimiento anticipado por la acogida que brinde a la presente.


Gonzalo Taborga Molina
Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos


Esta carta ha sido entregada por las personalidades de la vida política, social, cultural y de derechos humanos que a continuación se señalan:



Guillermo Tellier Del Valle, Diputado, Presidente del partido Comunista de Chile
Esteban Silva Cuadra, Partido por el Socialismo Allendista
Jorge Arrate Mac-Niven, ex Candidato a la Presidencia de la República
Hugo Gutiérrez Gálvez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
Sergio Aguiló Melo, Diputado del Partido Socialista de Chile
Fernando García, Premio Nacional de Música
José Balmes Parramón, Premio Nacional de Artes
Manuel Jacques, Presidente del Partido izquierda Cristiana
Hervi Lara B., Comisión Ética Contra la Tortura de Chile
Jaime Gajardo, Presidente del Colegio de Profesores de Chile
Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo
Juan Andrés Lagos, Presidente de la Corporación Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS
Pedro Davis Urzúa, Presidente de la CONUPIA